Todos sospechosos y objetivos del tiro al blanco

Por M. G. Magil

Lo ocurrido el 1º de mayo durante la manifestación unitaria en el día del trabajo, es muy diciente de lo que está ocurriendo en Colombia, la confrontación de clases, a la que está llevando las medidas represivas de la mal llamada “seguridad democrática” impuesta por el gobierno de Uribe Vélez, que se puede resumir en un hecho como es la criminalización de la protesta social, ante las denuncias que durante su segunda administración, ha venido haciendo la oposición y en especial la bancada del Polo Democrático Alternativo en el Congreso.

Para nadie resulta extraña la soberbia y los insultos con los que el inquilino de la Casa de Nariño descalifica a sus opositores, y muy seguramente tras bambalinas, desde el gobierno se deben estar dando medidas de presión contra la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía para que las investigaciones relacionadas con la Parapolítica que envuelve su primera administración y posteriormente su reelección, no se llegue a conocer toda la verdad, y claro es que los grandes medios de comunicación están jugando un papel cómplice en el ocultamiento de la realidad de los hechos, no de ahora, sino de años atrás (el mismo papel que jugaron cuando las audiencias públicas de San Vicente del Caguán, y la falta de interés, cuando no la tergiversación), durante más de dos décadas en que se estuvo gestando todo este cuento de la “Narcoparapolítica” que deja en evidencia el grado de corrupción e impunidad con que el establecimiento ha conseguido mantener sus privilegios a través de gobiernos sumisos y chantajeables.

Si realmente la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, asumieran con todo el rigor que requiere la investigación sobre lo que ha venido sucediendo en Colombia, muy seguramente se encontrarán con sorpresas aterradoras para cualquier sistema democrático, lo cual dejaría en entredicho la eficacia de estas instituciones, y posiblemente los protagonistas de tan reveladores hechos de impunidad pasarían a la historia como los grandes paladines de la justicia y los reveladores de la verdad. Tanta maravilla es más que imposible en una Colombia acostumbrada al crimen legalizado, con un Presidente cuyas relaciones con la narcoparapolítica se remonta a los tiempos de sus primeros cargos de funcionario público, cuando siendo director de la Aeronáutica Civil, firmó las licencias de funcionamiento de más de 50 avionetas, al igual que los permisos para conducirlas a los respectivos pilotos, sin preguntar siquiera para quién estaba firmándolas y con qué fines las iban a utilizar. De esa flotilla de aeronaves, el entonces Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, paralizó treinta antes de que lo mataran; el crimen sólo se lo achacaron a Pablo Escobar, y la investigación llegó hasta ahí.

Luego, las cosas fueron más fáciles para el crimen organizado por los de cuello blanco, pues se quitaron de en medio a un ministro honesto que se propuso investigar los intríngulis que había detrás de la bonanza coquera y su crecimiento desproporcionado. Colombia, desafortunadamente, es el único país en el mundo donde son asesinados cuatros candidatos a la presidencia y es eliminado, prácticamente, a sangre y fuego, el único partido de oposición, como lo fue la Unión Patriótica, y no pasó nada, las organizaciones sociales no estaban preparadas para responder ni protestar ante tanto genocidio. Da la impresión que durante décadas, el pueblo colombiano ha venido sufriendo ese terrible mal que viven los personajes de Cien años de soledad, y que quienes han tenido la posibilidad de conocer la verdad, hubieran preferido acomodarse a los beneficios que proporciona su silencio, haciéndose cómplices de tantos años de impunidad. Los medios de comunicación dan una información sesgada y casi siempre tendenciosa, aunque es de reconocer que muy contados columnistas de opinión se atreven a ventilar los temas prohibidos que pueden conducir a la verdad que tanto teme el establecimiento.

El hecho mismo de que a menos de un año de la reelección se haya comenzado a conocer los vínculos existentes entre senadores y representantes de las distintas agrupaciones uribistas con el narcoparamilitarismo, deja entrever que hasta el momento ninguno de los congresistas detenidos ni los jefes del narcoparamilitarismo, están dispuestos a contar toda la verdad de las atrocidades de sus crímenes de lesa humanidad y procurarán por todos los medios de no implicar al jefe ideológico de su carrera criminal o política, tal como lo reconocen algunos de sus protagonistas, lo cual va a ser el principal impedimento para que se llegue a la verdad, tan necesaria para que por fin en Colombia se pueda llegar al perdón pero no al olvido, porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. A medida que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía avanzan en la investigación, de cierta manera se va perdiendo el factor sorpresa, porque resulta explicable que ciertos personajes aparecidos en la política con los grupos que rodearon a Uribe Vélez en su primera legislatura y luego lo acompañaron en la reelección, ahora aparezcan implicados en el escándalo de la narcoparapolítica; es hasta natural para algunos analistas, pues fueron precisamente los paramilitares quienes lograron comprometerlos ofreciéndoles espacio político, pretensiones que no han ocultado y es la razón por la que nunca estuvieron de acuerdo con los diálogos del gobierno de Andrés Pastrana y las Farc. El más reciente caso que se conoce es el del Presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Cuello, quien llega por primera vez a la Cámara en 2002, y con la reelección consigue tan alta distinción gracias al apoyo de los distintos grupos uribistas. Según parece es de una familia que siempre ha estado en el poder, con abuelo y papá que fueron gobernadores y un hermano como Superintendente del Notariado; aparte de tan altas influencias, también participó en el ‘grupo de los 8’ a los que ‘Jorge 40’ distribuyó la votación que controlaba en el Cesar, y según parece en los archivos hay una foto donde aparece abrazado a ‘Jorge 40’. Será porque se quieren mucho, pero hay amores que matan.

El debate en torno a la guerra sucia cada vez deja más en evidencia a un gobierno que trata por todos los medios posibles tener algo de credibilidad sin conseguirlo, tal como le ocurrió al mismo Uribe Vélez en su viaje a Estados Unidos para tratar de convencer a los Demócratas, sobre las buenas intenciones de la Ley de Justicia y Paz, en un intento por mantener la ayuda de su único aliado a su plan de guerra, más conocido como Plan Colombia. Lo cierto es que los distintos debates que se han dado en el Congreso en torno a la narcoparapolítica lo han salpicado de tal manera, que incluso hasta en las mismas toldas uribistas comienzan a desmarcarse de su jefe ideológico para evitar ser arrastrado por la impunidad inocultable del reelegido. Uno de los debates que más lo compromete y deja en claro hasta donde está implicado, fue el que dio el senador del Pda, Gustavo Petro, sobre lo ocurrido en el Urabá antioqueño durante los años en que Uribe Vélez fuera gobernador de Antioquia. Muy posiblemente si la Corte Suprema y la Fiscalía investigan a fondo en torno a esos años, se encontrarán con el hecho de que fue precisamente en su gobernación que la narcoparapolítica comenzó a tomarse el poder local en distintas regiones del país, porque entonces la guerra sucia se extendió al Magdalena Medio, el Putumayo, Arauca, y las masacres anunciadas en la práctica eran planificadas desde Antioquia, tal como ocurrió en Mapiripán, cuando los ejecutores de la masacre salieron de Urabá el 12 de julio de 1997 en un DC3 HK3993-P y un Antonov HK4009, y después de recorrer medio país, aterrizaron con tres minutos de diferencia en el aeropuerto de San José del Guaviare, llegan hasta el batallón Joaquín París en donde se visten de camuflaje, recogen las armas y se desplazan por todo el río Guaviare, pasando incluso por un centro de formación militar como es Barrancón.

El objetivo era erradicar a las Farc y permitir que las Auc tomaran el control de la economía ilegal en el sur del Guaviare, que según el Departamento de Estado producía el 30% de hoja de coca en el mundo. Las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos, bajo el mando del subsecretario de Defensa para operaciones especiales y los conflictos de baja intensidad (abreviado Solic por su nombre en inglés), entrenan en Colombia desde mucho antes de que se pensara en examinar sus operaciones a la luz de los derechos humanos. Expertos en el tema aseguran que lo hacen desde 1962. El Solic ha seguido entrenando porque para su interpretación legal, los ‘intercambios de entrenamiento conjunto combinado’ deben ser tenidos en cuenta como entrenamientos de las fuerzas estadounidenses. El reporte oficial de 1997, entregado al Congreso de Estados Unidos en abril de 1998, incluyó en su lista seis despliegues de fuerzas especiales en Colombia. No obstante, en carta dirigida al senador Patrick Leahy, el Solic admitió que entre junio y agosto de 1997 se hicieron nueve despliegues, de los cuales uno coincide con los reportados. Sumados, habrían sido catorce durante el año y las visitas fueron del mismo equipo de entrenadores: el 7º grupo de Operaciones Especiales del Ejército, con sede en el Fuerte Bragg, en Carolina del Norte.26 Meses antes, el 16 de enero del mismo año hubo una reunión en la finca La Quince, ubicada en el municipio de San Pedro de Urabá, de Antioquia, en la que participan los narcoparamilitares Salvatore Mancuso, Carlos Castaño, Doble Cero, Monoleche, y los mandos medios. Días antes de la masacre contratan a paramilitares de Urabá y Córdoba y los concentran en una finca cercana al aeropuerto Los Cedros de Apartadó. En el informe que da el secretariado de las Farc el 24 de julio, aseguran que fueron 150 unidades de contraguerrilla, paramilitares de la IV división del Ejército Nacional. Un día antes el comandante de las Fuerzas Armadas, general Manuel José Bonet Locarno, afirma que las Farc tenían controlada la zona y los responsabiliza de la masacre con la intención de obtener ventajas políticas y económicas. En los informes aparece el coronel Lino Sánchez Prado, comandante de la Brigada II del ejército, un oficial especializado en las listas negras, quien fue condenado por omisión, mas no por ayudar a que los paramilitares llegaran hasta Mapiripán. Entre las revelaciones se desvela el papel que jugó el mayor Hernán Orozco, quien en alguna declaración, antes de que lo sacaran del país comenta: “los paramilitares son la amante del militar, que no se puede llevar a casa pero hay que tenerla”.

Por esos días las fuerzas militares montaron la Operación Araña, la cual fue dirigida contra las Farc que, precisamente se habían enterado de la acción criminal e iban a hacer justicia con los autores materiales de la misma, sin embargo, el sorpresivo ataque del ejército permitió a los paramilitares salir de la zona. En el proceso, el oficial de mayor rango acusado como responsable de la masacre es el general Jaime Uscategui, pero según parece es quien menos tiene que ver con los hechos; se trata de una masacre anunciada y planificada desde el centro operativo del paramilitarismo en ese año, como lo fue el Urabá antioqueño y, se deduce que entre los autores intelectuales que apoya (como igualmente promovió las Autodefensas Unidas de Colombia-Auc), es el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, al igual que su Secretario de Gobierno Pedro Juan Moreno Villa, quien muere en extraño accidente aéreo en febrero de 2006, y el comandante de la Brigada XVII, Rito Alejo del Río. En la declaración de monseñor Correa Yepes, obispo del Guaviare, dice que “tres días antes de la masacre pasaron varios camiones con unos 120 hombres de civil y sin armas, que después de repostar en las instalaciones del batallón Joaquín París, cambiaron sus ropas civiles por uniformes militares y continuaron su rumbo por una trocha que conduce a un sitio llamado Charras; otro grupo llega hasta allí por el río Guaviare, pasando por un puesto de control conocido como Barrancón, donde habían 834 hombres de la Brigada Móvil II, 136 infantes de marina y 130 de las Fuerzas Especiales. El paramilitar confeso Edison Londoño Niño comenta: “Yo fui con René hasta Barrancón, íbamos armados y él se bajó y habló con un sargento creo y nos dejaron seguir sin registrarnos ni nada”. Barrancón es una base estratégica donde se desarrollan entrenamientos con fuerzas especiales norteamericanas y por allí pasaron los paramilitares como Pedro por su casa. Así como en Mapiripán, las fosas comunes del Putumayo y otras regiones del país se siguen encontrando.

Tomo como referencia esta masacre, porque tal vez sea un referente sobre cómo durante finales del siglo XX y desde Antioquia, la parapolítica ya tenía montada toda una red de presión a lo largo y ancho del país para el control del poder local, por tanto no sorprende demasiado que sólo hasta ahora se comience a ventilar tan macabra alianza que ha llevado al país a que un gobierno mafioso sea elegido y reelegido con todos los visos de legalidad posible, lo cual nos regresa a otro momento oscuro de la historia colombiana, a mediados del siglo XX y después del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, cuando la dirección de los dos partidos tradicionales no dudan en organizar un golpe militar y colocar a un general al frente del gobierno para así evitar que las Guerrillas Liberales del Llano se tomaran las instituciones públicas. Los mismos dirigentes de los dos partidos, cuatro años más tarde organizan un nuevo golpe y firman un pacto en Sitges (España) que da origen al llamado Frente Nacional, un acuerdo con el cual se alternan en el gobierno cada cuatro años, sin embargo, el mismo se ve roto en 1970 cuando la dirección de estos mismo partidos no dudan en acudir al fraude electoral para evitar que el general derrocado volviera a hacerse al poder con un nuevo partido que había creado.

Si esta manera de operar los políticos del establecimiento no es mafiosa, entonces las alianzas de los barones de la droga con los paramilitares y de estos con sectores de los partidos tradicionales, también lo ven como acuerdos estratégicos para mantenerse en el poder y en ningún momento lo consideran un delito, lo cual da una idea clara de hasta dónde están dispuestos a llegar por mantener los privilegios que les otorga el poder. Las consecuencias de tal política mafiosa hace que los colombianos nos hallamos convertido para el mundo entero en ciudadanos sospechosos donde quiera que lleguemos, y quizás la situación más humillante que puede vivir un colombiano del común sea en el momento de salir del país, cuando le son aplicados todos los controles posibles y no siendo suficiente, al llegar a los países que llaman desarrollados, la mayoría tienen que vivir la discriminación de ser vistos como personas sospechosas donde quiera que estén. Es un flagelo que seguiremos arrastrando mientras el tema del narcotráfico siga siendo la principal fuente de recursos para el negocio de la guerra en los distintos bandos del conflicto. La doble moral que desde los Estados Unidos se promueve respecto al narcotráfico, es quizás la principal causa de muertes y detenciones de colombianos dentro y fuera del país, y bajo el chantaje de la descertificación, los sumisos gobiernos colombianos siguen siendo los únicos que no se suman al despertar de los pueblos de América Latina, quedando de momento, aislados en la región y estigmatizados en el mundo, pues mientras el fenómeno del narcotráfico siga siendo la principal fuente de recursos de estos gobiernos mafiosos, será muy difícil erradicar la guerra por el control de la droga, y lo grave en esta guerra de baja intensidad es que los colombianos somos los que ponemos los muertos y también los más perjudicados.

Nunca como ahora, se hace necesario que se comience a dar un debate ante los organismos internacionales para que se considere la posibilidad de la legalización de las drogas ilícitas, porque sólo de esta manera se acaba con la especulación y el mundo mafioso del narcotráfico, que ha llegado a invadir las más altas instituciones de los gobiernos, tanto en Colombia como en los Estados Unidos y algunos países de Europa; sólo así será posible que se comience a hablar de un proceso de paz, pues mientras el negocio de la droga esté presente, ésta estará financiando a los distintos bandos del conflicto, y seguirá siendo la mayor fuente de lavado de activos, lo cual va en detrimento de la economía y la soberanía de los pueblos donde la dichosa planta de coca, amapola o marihuana, crecen al igual que cualquier hierba silvestre.