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Situación de Derechos Humanos en Colombia: Jairo Ramírez

Situación de Derechos Humanos en Colombia


Por Jairo Ramírez
Defensor de Derechos Humanos

Colombia vive un conflicto social y armado que aflige a toda la nación. El derecho a la vida, el más elemental de los derechos humanos ha desaparecido prácticamente con la extensión de la confrontación a todas las regiones del país. Las innumerables masacres, los homicidios políticos, el desplazamiento forzado, la tortura, el secuestro, la desaparición forzada, y muchas otras atrocidades cometidas contra los seres humanos, son indicativos de la gravedad del conflicto actual y de su degradación en un inmenso holocausto. Desde la ruptura de las conversaciones entra el Gobierno y las FARC el 20 de febrero de 2002 el conflicto armado se ha intensificado con sus secuelas de muerte y destrucción.

Calificar de catástrofe humanitaria la realidad del drama humano que padece Colombia es corto para los sentimientos de dolor, terror, inconformidad reprimida, desesperanza e indignación que viven millones de personas en el país.

El rasgo distintivo de la historia Colombiana, en sus propios orígenes, es la violencia ejercida desde el poder; tendiente a acallar cualquier signo de oposición al sistema o siquiera de inconformidad popular. La verdad es que nuestra historia escrita comienza con la conquista española que fue el más terrible genocidio de los pueblos indígenas y que se prolongó en capítulos como la represión a los comuneros, la larga guerra de independencia, las numerosas guerras civiles del siglo XIX, y ya en el siglo XX, Ias luchas por la tierra y por las libertades públicas.

El tema de los narcóticos y los carteles que trafican con ellos, ha sido usado reiteradamente como un hábil recurso para ocultar la realidad del país, que no es otra que la persistente violencia institucional que se ejerce contra la población, el recorte drástico de las libertades públicas, la judicialización de la protesta social y la presencia de profundas desigualdades sociales, como consecuencia de la imposición brutal del modelo de economía neoliberal. Organismos internacionales como la FAO reconocen que de los 45 millones de habitantes, 23 millones viven por debajo de la tinea de pobreza y 9 millones en condiciones de indigencia.

A Colombia se le ha conocido como la “democracia más antigua y estable del continente”, sin embargo su sistema de poder es esencialmente elitista y excluyente, basado en el más atroz autoritarismo, donde la rama ejecutiva y principalmente la figura del presidente concentra los espacios fundamentales de las decisiones. Es una dictadura con ropaje republicano que además, se ha acostumbrado a la utilización sistemática de la violencia como ejercicio de gobierno. Tras la apariencia de una democracia formal existe de hecho un régimen autócrata que utiliza el poder para acrecentar sus privilegios y saquear al estado, de donde proviene el alto nivel de corrupción y clientelismo de todos los niveles oficiales.

Así pues, el régimen político dominante estableció la estrategia del terrorismo de estado como mecanismo para mantenerse en el poder y como un instrumento oficial para enfrentar y reprimir a la oposición democrática, lo cual se ha manifestado principalmente a través de la violación sistemática de los derechos humanos de la población, de dirigentes y activistas de las organizaciones políticas alternativas, Movimientos de izquierda, sindicatos, organismos de derechos humanos, la intelectualidad progresista, las organizaciones agrarias, juveniles, de las mujeres, etc., a quienes clasifica como “auxiliadores de la subversión” y por lo tanto enemigos del Estado. En Colombia el que se atreve a pensar distinto pone en grave riesgo su vida.

El actual gobierno del Presidente Uribe a ofrecido poner fin al conflicto armado con su política de “seguridad democrática”. Sin embargo, esta estrategia no prevé un programa para combatir las violaciones de derechos humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario.

Evidentemente la mayoría de la población pide a gritos seguridad, pues la sistemática violación de los derechos humanos, los atentados contra la vida y la dignidad, la precarización del salario y el empleo, el deterioro veloz de la seguridad social, la persistente crisis de la justicia y la impunidad, la extensión del paramilitarismo y el alejamiento de unos acuerdos de paz con los movimientos insurgentes reflejan una enorme desprotección para los ciudadanos. De otro lado, la democracia restringida en Colombia se expresa en la ausencia de espacios de participación, la falta de garantías para las diversas agrupaciones sociales y políticas de la oposición, en limitaciones muy serias a los derechos de organización, expresión en los medios masivos y movilización ciudadana.

En desarrollo de la llamada “seguridad democrática” el gobierno decretó el estado de conmoción interior, las zonas de Rehabilitación y el recaudo de impuestos con destino a los operativos militares, entre otros. Adicionalmente se viene impulsando la participación de civiles en el conflicto armado con el reclutamiento de los soldados campesinos y las redes de informantes, con lo cual no solamente se tiende a legalizar el paramilitarismo sino que se propicia la polarización de la sociedad hasta amenazar convertir el conflicto actual en guerra civil abierta.

El reciente período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, celebrado en Ginebra, Suiza, de nuevo el gobierno colombiano ha sido severamente fustigado por la creciente violación de derechos humanos y la complicidad de las Fuerzas armadas estatales con los crímenes de bandas paramilitares, los grupos paramilitares llevan a efecto la más cruel matanza de campesinos a todo lo largo del territorio nacional sin el menor obstáculo. La adhesión de Colombia a las normas sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario es puramente nominal.

Ahora bien, los sucesivos Gobiernos pregonan cínicamente que en Colombia lo que existe es un enfrentamiento entre la Guerrilla y los paramilitares y que el gobierno estaría en medio de los dos fuegos, constituyéndose en la víctima principal del conflicto.

Las estadísticas de la policía Nacional registran 32.600 muertes violentas durante el año 2002, de las cuales la inmensa mayoría es población civil.

Durante este mismo periodo el Banco de datos del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, registró: 622 masacres, con 2494 víctimas; 4419 homicidios selectivos; 247 sindicalistas asesinados; 734 desapariciones forzadas; 2700 detenciones arbitrarias y 420 mil desplazados, además existen alrededor de 3000 personas secuestradas y unos 3500 presos políticos.

El Movimiento político Unión Patriótica, fundada en 1985 gracias a los acuerdos de paz y cese al fuego entre el gobierno de tumo y las FARC-EP un año atrás, fue sometida en los años siguientes al más intenso baño de sangre de que se tenga noticia en el hemisferio occidental contra un partido y sus simpatizantes. Más de 4000 asesinados en crímenes selectivos y pavorosas masacres colectivas, entre los que se cuentan los asesinatos de dos candidatos presidenciales, varios congresistas, alcaldes y decenas de concejales. Este genocidio contra la U.P. fundamentado en la intolerancia del poder dominante, llevó al fracaso de aquel intento de paz con las FARC. La muerte violenta de un elevado número de activistas sindicales, campesinos, educadores y defensores de derechos humanos entre otros, contribuyó decisivamente a que Colombia transite hoy por el camino de la guerra civil.

Estos hechos violentos se registran en áreas fuertemente controladas por tropas militares. Según algunas investigaciones de organismos de los derechos humanos, la mayoría de estas víctimas son campesinos y trabajadores urbanos, acusados de ser simpatizantes de agrupaciones insurgentes. El 95% de estos crímenes quedan sin investigar.

La impunidad se instala en todos los espacios de la sociedad, carcome la vida política, destruye el tejido social, deroga la convivencia democrática, instaura el terror y la desesperanza en los pueblos y los individuos y consagra la ley del silencio como norma suprema de la supervivencia. En fin, la impunidad asegura la reproducción de la injusticia en todas sus dimensiones y la continuidad del statu quo.

Existe toda una estructura al interior del Estado, defendida por los medios de comunicación más poderosos, que no solamente no sanciona o no condena sino que absuelve, promueve y asciende a los comprometidos en las violaciones.

Como ya se ha dicho, en nuestro país existe un conflicto armado interno desde hace más de 40 años; de profundas raíces políticas, económicas y sociales, y también históricas, que tienen que ver con el régimen de democracia restringida y su esquema de privilegios. La actual administración no tiene una política de paz para resolver este conflicto e intenta ocultar, tras el planteamiento de la mediación internacional de la ONU, los cascos azules y otros distractores, su preferencia por la salida militar. Luego de la ruptura de los diálogos con las FARC y el ELN el actual gobierno asume como bandera para la solución del conflicto armado la derrota de la guerrilla o la creación de condiciones que le permitan imponer un acuerdo de paz sin concesiones ni cambios sociopolíticos. Un contexto tan pugnaz dificulta los acercamientos para un Acuerdo de Intercambio Humanitario.

El fracaso de los procesos de paz y el abandono de sus logros por el endurecimiento de las partes, ha significado, de momento, un cambio desfavorable en la búsqueda de una salida política y de otras variantes de la negociación.

Bien podría decirse entonces que la actual crisis nacional es la crisis del sistema político dominante, que afecta todas las esferas del poder: la política y social, la económica, la militar, etc. Observamos que todas las salidas, reacomodos y acuerdos políticos tienen la característica de fraguarse por las alturas, con una ausencia manifiesta de la población.

El régimen político colombiano agudiza su carácter intolerante y excluyente marginando o aislando a quienes no se comprometan con las políticas de Estado. De esta forma pretende esconder la grave crisis social por la que atravesamos la inmensa mayoría de colombianos, manifestada en la alta tasas de desempleo, el nivel pírrico de los salarios de los trabajadores, la crisis del agro, el relatifundismo por vía de la expropiación violenta de tierras, que margina mucho más a los campesinos, las precarias condiciones de vida y de trabajo, el creciente aumento de la pobreza.

La deuda externa alcanza ya los 45 millones de dólares, que sumada a los altos niveles de corrupción, está haciendo inviable el Estado, éste es casi invisible socialmente, lo que contribuye a la pérdida de su legitimidad. Para el presente año el 53% del presupuesto nacional está destinado al pago de la deuda, el 27% al gasto militar y el 20% a gastos de funcionamiento del Estado. Como observamos, no hay recursos para el gasto social. Las masas populares ven el rostro estatal únicamente cuando son reprimidas.

Tomando cifras de la Comisión Interamericana de la OEA en el Tercer Informe sobre Colombia, tenemos que: el 57% (23.940.000 personas) de la población no tiene acceso a servicios sanitarios y 73% (30.660.000 personas) de la población no tiene agua potable; el índice de mortalidad infantil es más del doble que en el resto de la región; al 10% más pobre de la población le corresponde tan sólo el 1% del total del consumo, mientras el 10% más rico de la población recibe el 46,9%; El desempleo abierto alcanza el 20% de la población económicamente activa; los trabajadores informales ya pasan del 65%; según el DAÑE hay 2.500.000 niños trabajadores; hay un déficit de 3.800.000 viviendas, estas cifras dramáticas revelan la violación sistemática de los DESC en nuestro país.

El latifundio ha sido soporte estructural de| sistema antidemocrático que controla los destinos de Colombia, donde predomina una clase social terrateniente, de características semifeudales, estrechamente ligada al poder político y económico, y también al narcotráfico y la corrupción. La feudal estructura de propiedad rural que prevalece en este país es inaudita. Cerca del 80% de la tierra más fértil y mejor adecuada para el cultivo, está en poder del 1.5% de propietarios. Aproximadamente el 90% de esta tierra está improductiva. Simplemente engrasa la propiedad latifundista de narcotraficantes y políticos regionales, en detrimento de sus anteriores y legítimos dueños, los más de dos millones de humildes campesinos que han sido desplazados. En la actualidad, el gobierno colombiano realiza importaciones anuales, próximas a los 8 millones de toneladas de alimentos, para un país esencialmente agrario.

Los cultivos campesinos de coca (menos de tres hectáreas por familia) son una alternativa de sobrevivencia y resistencia campesina en zonas de colonización, a donde el campesino fue desplazado forzadamente y donde la única presencia del Estado históricamente ha sido la represiva y militar. Estos cultivos son una coyuntura
y su problemática no explica de ninguna manera el conflicto, el cual tiene claramente unas causas de carácter estructural. De tal forma, la lucha contra las drogas, con la cual se está justificando la intervención de los Estados Unidos en el conflicto regional es solamente una máscara que oculta los reales intereses extractivos de las multinacionales y del establecimiento colombiano en la región.

Casi todos los estudios sociológicos realizados en Colombia, coinciden en que la cuestión agraria y en particular, el problema de la tierra, junto a la exclusión política, el manejo represivo de los problemas sociales, y la concentración de la riqueza en pocas manos, fueron los cuatro factores principales que originaron el actual conflicto. Estos problemas no han sido resueltos, y por el contrario, hoy se siguen agudizando con las medidas neoliberales. Mientras no haya condiciones objetivas para la lucha democrática, ni voluntad política por parte del Estado, y en general del Establecimiento, para aceptar una salida política que conduzca a un acuerdo nacional de paz, que se base en transformaciones democráticas, sociales y políticas, entonces y lamentablemente, el conflicto armado se extenderá otro período de tiempo.

Lo que hoy llamamos intervención de los EE.UU. en Colombia, bajo la forma de una “ayuda militar”, unida a algunos créditos destinados al asistencialismo oficial representa en realidad, una estrategia integral contrainsurgente, impuesta por EE.UU. a Colombia, con la aceptación de los actuales gobernantes, encabezados por el presidente Uribe. El Plan Colombia es la aplicación extraterritorial sobre nuestra nación de una Ley de un país extraño, como ley del Estado norteamericano. Nos hemos convertido en el más grande receptor latinoamericano de la ayuda militar, después de Israel y Egipto. No es una imposición unilateral, es un acuerdo vergonzoso de las élites para incrementar la “ayuda militar” en entrenamiento, medios de inteligencia, nuevos batallones antinarcóticos, helicópteros, aviones y armamento. Es una entrega de la soberanía en la definición de los objetivos de la guerra y en la decisión de pasar a la ofensiva como si ello no tuviera consecuencias impredecibles en las actuales condiciones del país.

Estos planes específicos, interconectados y complementarios, tales como el Plan Colombia, dirigido directamente desde el Estado norteamericano, ahora denominado Iniciativa Regional Andina, IRA, y el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ALCA, buscan la conversión de los espacios y territorios de América Latina en mercados para la realización de los productos provenientes de los EEUU, al precio de la destrucción de los aparatos productivos nacionales, la negativa a aceptar cambios estructurales democráticos en nuestros países y la eliminación de las fuerzas populares que se oponen a su proyecto.

Nada de esto es normal. Nada de esto es natural. Nada de esto es aceptable. Nada de esto le asegura a Colombia que habrá justicia.

La paz no debe reducirse a la finalización de la confrontación armada, es decir, a un asunto meramente militar. El fin del conflicto armado debe abrir nuevos caminos a la democracia, la justicia social y la superación de la impunidad.

La resistencia a la guerra y a las restricciones democráticas establecidas desde la política oficial de seguridad es un proyecto de esperanza para la sociedad colombiana que contribuye desde lo local a la construcción de la paz y a la defensa de los derechos de todos y todas.

Hoy más que nunca estamos convencidos que el conflicto nacional no tiene solución militar posible. La salida política del conflicto interno y la crisis que vive la sociedad colombiana requiere tener presente la necesidad de cambios sustanciales en el régimen político, que estimule la democratización del país, la participación ciudadana en las decisiones nacionales, que permitan la construcción de un modelo económico con justicia social, que redistribuya la riqueza y genere empleo, con respeto a los derechos de los trabajadores; que ofrezca salud, educación y recreación; amplíe y generalice el derecho a la seguridad social de los campesinos. Un nuevo modelo económico no puede pasar por alto la cuestión agraria, entendida ésta como una verdadera y durable reforma agraria democrática que beneficie a los campesinos asalariados, pequeños y medianos propietarios en función del desarrollo productivo de la economía, la promoción social y cultural del pueblo trabajador en las regiones.

Medellín, junio 16 de 2003.

Última actualización: 28/06/2018